miércoles, 26 de agosto de 2009

"INDOCUMENTADO"

El niño no tiene nombre.

Le dicen Cizarro

porque no supo decir cigarro.

¿O quiso decir desgarro?

El niño no tiene rostro.

Le cubren la cara,

Y también el nombre.

Un periodista lo atrapa,

con su cámara;

y otro le hace preguntas y

se ríe,

del niño que no tiene nombre.

El niño se defiende a patadas,

de muchos periodistas,

de muchas cámaras y

de muchas preguntas.

El niño escupe a un policía,

que lo mete en un auto y

lo esposa;

mientras otro le asegura la capucha y

lo sujeta.

El niño que no tiene nombre

escucha por la radio,

que por él se acaba el SENAME y

la inocencia de los niños

-lo dijo un diputado- y

que deberían pagar hasta sus padres.

El niño está solo y desarmado.

El niño no tiene nombre,

ni rostro,

y ahora tampoco fuerzas;

se las quita una inyección y

una enfermera.

El niño no tiene fuerzas y tiene sueño.

El niño sueña que tiene

rostro, y fuerzas

y nombre.

Se llama Cristóbal el malo,

Cristóbal de las minas y

de las chelas.

Cristóbal el choro.

CRISTÓBAL.

¡¡ GRANDE CRISTÓBAL!!

Cristóbal no anda solo y anda armado.

Lo siguen periodistas con sus fotos y

los policías lo cuidan y

le temen.

Porque él los delata y

a veces mata;

si no saben su nombre y su prontuario.

Entonces una luz despierta al niño y

de a poco se le aparece

una silueta.

Es su abuela que lo tapa y

lo acaricia.

Y al sentir su mano

en sus cabellos,

el niño se da cuenta que está vivo,

porque llora.


Por Juancho Solís de Ovando Segovia

Santiago, agosto, 2009

de lapolillacubana.wordpress.com/page/2/ link

"ORGULLO NACIONAL " Argentina en 4° lugar

La gripe A (H1N1) de 2009

[46] es una pandemia causada por una variante del Influenzavirus A de origen porcino (subtipo H1N1). Esta nueva cepa viral es conocida como gripe porcina (nombre dado inicialmente), gripe norteamericana (propuesto por la Organización Mundial de la Salud Animal)[47] y nueva gripe (propuesto por la Unión Europea),[48] nomenclaturas que han sido objeto de diversas controversias. El 30 de abril de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió denominarla gripe A (H1N1).[49] [50] Ésta es una descripción del virus en que la letra A designa la familia de los virus de la gripe humana y de la de algunos animales como cerdos y aves y las letras H y N (Hemaglutininas y Neuraminidases) corresponden a las proteínas.

El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1,[51] con material genético proveniente de una cepa aviaria, dos cepas porcinas y una humana[52] que sufrió una mutación y dio un salto entre especies (o heterocontagio) de los cerdos a los humanos,[53] y contagiándose de persona a persona. Según expertos (como el jefe del Departamento de Microbiología del Hospital Mount Sinai de Toronto, el doctor Donald Low), está por confirmarse la relación entre el virus de la gripe porcina H1N1 y el de los casos confirmados en México.[54]

El 11 de junio de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como de nivel de alerta seis; es decir, pandemia actualmente en curso que involucra la aparición de brotes comunitarios (ocasionados localmente sin la presencia de una persona infectada proveniente de la región del brote inicial).[55] [56] Ese nivel de alerta no define la gravedad de la enfermedad producida por el virus, sino su extensión geográfica. La tasa de letalidad de la enfermedad que inicialmente fue alta, ha pasado a ser baja al iniciar los tratamientos antivirales a los que es sensible, sin embargo la futura evolución del virus es impredecible, como constata la directora general de la OMS Margaret Chan el 4 de mayo, ya que "puede que en un mes este virus desaparezca, puede que se quede como está o puede que se agrave."[57]

Continúa en:
"http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_(H1N1)_de_2009"

Renunció...el "Fino" Palacios

Lo confirmó Macri, en conferencia de prensa

El jefe de la policía metropolitana presentó su dimisión justo después de que el fiscal de la causa AMIA adelantara que será procesado y dos días antes de la movilización que sectores opositores preparaban para pedir su remoción.

Economía y PolíticaEl jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció esta noche que el comisario Jorge “Fino” Palacios abandonó su puesto de jefe de la Policía Metropolitana, por “razones personales”.

Continúa en: CRONISTA.COM link

http://noajorgefinopalacios.blogspot.com/


Viernes 28/8: de 10 a 12hs - Agite anti Fino Palacios
(esquina de Diagonal Norte y Florida)

lunes, 24 de agosto de 2009

>UNA RED QUE RECLUTA MUJERES EN LA PAMPA Y LAS DISTRIBUYE EN LA PATAGONIA<

La ruta que lleva a Santa Rosa

A partir de una nota publicada en Página/12, la Procuración General de la Nación descubrió una red de trata con epicentro en la capital provincial. Cómo opera la “burocracia proxeneta”.

Por Mariana Carbajal

Más de cuatrocientas mujeres, en su mayoría de Paraguay y de provincias del norte argentino, fueron trasladadas a la ciudad de Santa Rosa a lo largo de los últimos cinco años, para ser explotadas sexualmente en tres prostíbulos, habilitados como whisquerías por la Municipalidad de la capital pampeana, según pudo determinar una investigación preliminar de la Procuración General de la Nación. Las jóvenes están identificadas con nombre y apellido y también los presuntos proxenetas. El organismo tiene abundantes pruebas sobre la existencia de una red de tratantes que operaría esa ruta. La pesquisa fue realizada por el titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), Marcelo Colombo, quien con la información reunida formuló una denuncia en el juzgado federal de Santa Rosa. Según la presentación judicial, el tráfico de mujeres hacia La Pampa habría aumentado significativamente en los últimos dos años y en esa ruta la capital provincial sería, además de lugar de destino, un punto de distribución de las jóvenes hacia otras localidades.

La investigación se originó a partir de un artículo publicado en Página/12 el 22 de marzo, en el que un comisario que se había desempeñado al frente de la oficina de Migraciones de la policía pampeana entre 2003 y 2004 denunció que las autoridades de la fuerza provincial de aquel entonces, en particular el jefe y el subjefe, Ricardo Alberto Baudaux y Juan Domingo Pérez (quienes continúan en sus cargos), obstaculizaron sus intentos por perseguir la explotación sexual de mujeres extranjeras en distintos locales nocturnos de la capital pampeana y sus alrededores.

La denuncia de la Procuración General de la Nación (PGN) fue presentada el 28 de julio ante el juzgado federal de Santa Rosa, a cargo del magistrado Pedro Vicente Zabala, pero su contenido recién trasciende ahora. Zabala es el mismo juez que dictó el primer procesamiento, con prisión preventiva, por el delito de trata de personas en esa provincia, al dueño del cabaret El Rancho, de la localidad pampeana de 25 de Mayo, sobre el cual informó Página/12 un mes atrás. Zabala delegó la causa en la fiscal federal Marta Odasso. Curiosamente, Odasso había archivado rápidamente otras actuaciones iniciadas a partir de las denuncias realizadas por el comisario Hugo Ledesma en un reportaje con este diario. Ledesma acusó a la cúpula de la Policía de La Pampa de supuesto encubrimiento y connivencia con redes de trata de mujeres para explotación sexual.

El fiscal Colombo, a partir de los dichos de Ledesma, decidió rastrear la existencia de la red de tratantes que operaría en la provincia e inició una inició una investigación preliminar, cuyos resultados son el eje de la denuncia, que formuló en la Justicia Federal de La Pampa. La Ufase empezó la pesquisa el 25 de marzo, tres días después de la publicación de la entrevista a Ledesma. No es la única causa que surgió como consecuencia de las revelaciones que hizo el comisario en este diario: otro fiscal de Santa Rosa, Carlos René Ordás, también se interesó por sus denuncias y abrió un expediente que tramita ante el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 5, donde Ledesma ratificó sus palabras y actualmente es querellante (ver aparte).

A la vista de todos

Lo más llamativo es que no fue necesario un arduo trabajo de inteligencia policial para que en la Ufase encontraran claros indicios de la probable presencia de tratantes en la provincia de La Pampa. Si hasta ahora esas pistas no se habían seguido, queda en evidencia, fue por falta de voluntad judicial. El fiscal Colombo se tomó el meticuloso trabajo de leer el libro del municipio de Santa Rosa, donde hasta hace muy poco los proxenetas debían registrar a las “alternadoras” que llegaban para “trabajar” a sus locales. Ese mecanismo, por el cual además las mujeres debían tramitar una libreta sanitaria, se eliminó luego de que el Concejo Deliberante aprobara el 28 de mayo una ordenanza –la primera de ese tipo en el país– que prohibió la habilitación en el territorio de Santa Rosa de nuevas whisquerías, que funcionan como pantallas de burdeles. En esos locales nocturnos, en abierta violación de la Ley de Profilaxis, se explota la prostitución ajena. Una vez que caduquen los permisos vigentes, deberán cerrar. La misma metodología que sirve de aval estatal a una práctica prohibida –como el proxenetismo, que suele estar asociado a otro delito, tipificado recién hace un año como es la trata de personas– se replica en otras localidades de diversas provincias del país. “La categoría de alternadoras es usada para denominar lo que por ley no podría ser nunca clasificado: un registro para la explotación de meretrices”, advirtió la Procuración General de la Nación.

En Santa Rosa hay tres “casas de tolerancia”, habilitadas como whisquerías, en las que “se ejerce la prostitución o se incita a ella”, precisa la denuncia de la Ufase. Los locales son: Jarana, ubicado en la calle Callaqueo y Ruta Nº 35; El Rancho, en la avenida Circunvalación Santiago Marzo 1885, y Privado VIP, en avenida Circunvalación Sur 2200. La presentación judicial da detalles de los nombres de los propietarios o administradores de los burdeles. El titular de El Rancho es el mismo que fue procesado por el delito de trata por otro local en 25 de Mayo. En los tres cabarets, “mujeres de variadas edades y provenientes de distintas provincias (Formosa, Tucumán, Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras) y del extranjero (Paraguay y República Dominicana, en su mayoría) comercian sexualmente con su cuerpo mientras terceras personas administran y explotan dicha actividad”, describe la denuncia. En menor medida, las jóvenes provienen de la provincia de Buenos Aires y Mendoza. “No puede presentarse más claro que los encargados y propietarios (de los locales) promueven, facilitan y/o explotan la prostitución de mujeres que son traídas de otros lugares y pasan a formar parte de registros públicos oficiales encargados de su control médico vaginal”, advierte la denuncia. Sobre Privado VIP ya hay una causa judicial en curso abierta por trata de personas en el Juzgado Federal Nº 2 de Formosa.

La existencia de los registros oficiales de alternadoras fue revelada por la subdirectora local de Políticas de Género, Mónica Molina, periodista de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, que los descubrió al llegar al cargo, tal como ya informó este diario. Molina fue convocada por Francisco Torroba (del Frente Pampeano), quien fue elegido tras la destitución del polémico intendente justicialista Juan Carlos Tierno.

De la información del libro de inscripción surge que en los últimos dos años “se ha incrementado de manera considerable” la registración de mujeres provenientes del exterior, en su mayoría de Paraguay, y del norte argentino, por ejemplo, Salta. Desde 2007 hasta marzo de 2009 fueron anotadas como “alternadoras” en el municipio de la capital provincial aproximadamente 34 paraguayas, 6 dominicanas, 24 salteñas, 7 tucumanas, 6 formoseñas, y 11 cordobesas, entre otros orígenes. “La sola circunstancia de que estas mujeres sean procedentes de puntos tan alejados de la ciudad de Santa Rosa constituye una poderosa pauta del alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran cuando son recibidas en el lugar de destino para ser explotadas sexualmente”, consideró el fiscal Colombo en su presentación judicial. El titular de la Ufase también analizó los registros migratorios de la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Así pudo establecer cómo llegan al país las jóvenes provenientes de Paraguay: “Ingresan de a dos o más en el mismo transporte público”. En la denuncia se detalla el periplo, como ejemplo, de dos muchachas, cuyas iniciales son V.A.R. y D.C.B., que ingresaron por el cruce fronterizo de Clorinda-Puerto Falcón el 3 de febrero a las 23.39 aproximadamente. Según se desprende de la información remitida por el Escuadrón 16 de Gendarmería Nacional, ambas viajaron en un micro de la empresa Godoy SRL, que realiza el trayecto Asunción-Retiro. El 5 de febrero, dos días después de su ingreso, las dos jóvenes obtuvieron el certificado de antecedentes policiales de la provincia de La Pampa y el certificado de residencia precaria, para finalmente el 6 de febrero –tres días después de su ingreso– registrarse ante la municipalidad de la ciudad y obtener la libreta sanitaria. Así de aceitado era el procedimiento, en el que tres instituciones estatales (policía provincial, Migraciones y la Intendencia) daban su aval para que la primera de ellas fuera explotada en el Privado VIP y la segunda en El Rancho. Las dos presentaron como domicilio el de Ruta 151, El Sauzal, kilómetro 154, de la localidad de 25 de Mayo, en el extremo sudoeste de La Pampa, lugar donde, por otra parte, funcionaría la sucursal de la whisquería El Rancho involucrada en la otra causa penal mencionada más arriba. La denuncia de la Ufase incluye varios ejemplos más, con nombres y apellidos de distintas mujeres registradas luego como “alternadoras”, con la fecha y el lugar por el cual ingresaron al país, y el nombre de la empresa de colectivos en la que viajaron.

Otro dato que llamó la atención del fiscal Colombo es que muchas de esas mujeres brindan el mismo domicilio de residencia en Santa Rosa –que este diario no difundirá para no entorpecer la investigación judicial–, pese a que sus ingresos al país se producen en distinto momento. La dirección no corresponde a un hotel, hostel ni albergue. Cuando el origen de las mujeres es otro sitio de la Argentina, también el procedimiento es similar. En esos casos, “se advierte que llegan a la ciudad dos o más mujeres juntas que provienen de la misma provincia y efectúan en la misma fecha los trámites que exige la ‘burocracia proxeneta’”, enfatiza la denuncia.

La pesquisa de la PGN detectó que en “gran parte” de los casos las mujeres que vienen de otras provincias o países, a diferencia de aquellas oriundas de La Pampa, no renuevan su libreta sanitaria más de una vez o ninguna, “razón por la cual se infiere que permanecerán en la ciudad de tres a seis meses”, de acuerdo con el plazo de duración del control médico, lo cual “podría vincularse con la existencia de un circuito de ‘rotación’ de las mujeres por prostíbulos de distintas localidades o provincias. Además de Santa Rosa, 25 de Mayo junto a la localidad pampeana de Catriel y las neuquinas de Rincón de los Sauces, Añelo, Cutral-Có y Plaza Huincul integrarían una ruta unida por algo más que la explotación de hidrocarburos.

La denuncia de la Ufase toma en cuenta además los testimonios de víctimas de trata que han declarado en los últimos meses en distintas causas penales en las que se investiga ese delito y que brindan “valiosos datos” acerca de cómo fueron “captadas” o “recibidas” y cómo fueron explotadas en los centros de destino de La Pampa. Para el fiscal Colombo hay elementos suficientes para corroborar la existencia de una red que opera “de modo organizado en la captación, traslado, recepción y explotación sexual de mujeres, con destino a la ciudad de Santa Rosa”.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 26.364, el 30 de abril de 2008, hasta que la Ufase pidió a la Municipalidad el envío del libro de inscripción de las alternadoras, a fines de mayo de este año, se registraron 61 mujeres provenientes de Paraguay y República Dominicana, localidades pampeanas y otras provincias, fundamentalmente del norte argentino. Para Colombo, todas ellas podrían ser víctimas de esa red de tratantes, “encontrándose –en la actualidad– sometidas a prácticas de explotación sexual”.

Imagen: Pablo Piovano

domingo, 23 de agosto de 2009

"De la ESMA a la parroquia de San Telmo"

EL CAPELLAN NAVAL ANGEL ZANCHETTA ES AHORA VICARIO EN LA IGLESIA DE ESE BARRIO

Hace diez días fue retirado por orden superior y ya encontró otro “destino” como confesor y asesor espiritual de jóvenes. Son las mismas tareas que cumplía con los pilotos que tiraban secuestrados al mar.

Por Nora Veiras

“Honor” y “Gloria” es la leyenda que preside el altar barroco de la Iglesia San Pedro González Telmo. Unos pocos feligreses se reparten en la nave central de la parroquia de Humberto Primo al 300, una de las más antiguas de Buenos Aires. Alberto Angel Zanchetta celebra la misa. En enero recaló en ese destino y el párroco Ernesto Salvia le asignó tareas de confesor y asesor espiritual de los jóvenes. Zanchetta es un hombre experimentado: era uno de los capellanes encargados de reconfortar a los pilotos de la ESMA que tiraban vivos a los secuestrados al mar. Por esos antecedentes, el Ministerio de Defensa ordenó hace más de un año su pase a retiro o baja de la Armada. La fuerza, comandada por Jorge Godoy, lo mantuvo activo, en el limbo de la disponibilidad, hasta hace apenas diez días. El cardenal Jorge Bergoglio ya lo había acogido en la diócesis metropolitana. Zanchetta niega y niega ante los pocos que se atreven a preguntar sobre su pasado.

En El vuelo, el libro de Horacio Verbitsky que reproduce la confesión del ex capitán Adolfo Scilingo, el marino cuenta que después del primer vuelo en el que arrojó al mar prisioneros vivos, adormecidos, se sintió mal y fue a hablar con el capellán, que “le encontró una explicación cristiana al tema. No sé si me reconfortó, pero por lo menos me hizo sentir mejor” –recordó.

“–¿Cuál fue la explicación cristiana?

–No me acuerdo bien, pero me hablaba de que era una muerte cristiana, porque no sufrían, porque no era traumática, que había que eliminarlos, que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está prevista la eliminación del yuyo del trigal. Me dio cierto apoyo.”

El testimonio de Graciela Daleo, una de las sobrevivientes de la ESMA, abunda en esa comunión de religión y milicia. Mientras le aplicaban descargas eléctricas, “yo rezaba avemarías a los gritos y eso lo enfurecía. Pernías tenía al cuello un crucifijo y una medalla de la Virgen Milagrosa”. Antonio Pernías fue uno de los primeros oficiales de la Armada que admitió ante el Senado que había torturado. La reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad convirtió a Pernías en uno de los presos de Marcos Paz.

Con poco más de 30 años, Zanchetta era uno de los sacerdotes adiestrados para defender la “civilización occidental y cristiana”. Los métodos eran lo de menos, apenas medios consagrados al fin supremo. Ahora, a los 64, desde el púlpito de la parroquia de San Telmo, repite que “la mentira y el engaño son las armas del demonio”. Su voz suena suave, consejera y contrasta con la estampa magra, erguida, de mirada helada. Ni el eco de sus propias palabras parece persuadirlo para decir la verdad.

Dichos y hechos

El pasado 10 de agosto, Página/12 reveló que Zanchetta seguía cobrando unos 5000 pesos mensuales como capitán de fragata en disponibilidad de la Armada a pesar de la orden que había impartido un año antes Defensa. Dos días más tarde, el ministerio instruyó a Godoy para que “disponga el pase a retiro o baja obligatoria del capitán de fragata presbítero Zanchetta, quien había sido cesado en sus funciones pastorales por el administrador diocesano del obispado castrense (Pedro Candia)”. La ministra de Defensa Nilda Garré explicitó en la resolución que “consta en el respectivo expediente instruido en 1986 que su actuación en la Armada se remonta a su anterior desempeño en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en 1975/76/77, instalaciones en la que funcionara en la misma época un centro clandestino de detención”.

A la misma iglesia de San Telmo había llegado en 1989 otro capellán de las Fuerzas Armadas con pasado ominoso: Horacio José Astigueta. Hasta 1996 se desempeñó como párroco haciendo también caso omiso de su función en la Fuerza Aérea como confesor de los secuestrados antes de ser fusilados.

En la estructura del obispado castrense, la misión de Zanchetta fue bien recompensada. A partir de la recuperación democrática supo mantener su trinchera: se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense. En el 2007, el entonces arzobispo castrense Antonio Baseotto lo envió a Haití para asistir a las tropas argentinas que integran la Misión de Paz de la ONU. Por entonces ya había estallado el conflicto con el ex presidente Néstor Kirchner, que desconoció a Baseotto como obispo luego de que éste propusiera tirar al mar al ministro de Salud, Ginés González García, por pronunciarse a favor de la despenalización del aborto. El Vaticano mantuvo a Baseotto hasta que se jubiló a los 75 años y su sucesor de hecho, Candia, se avino a relevar a los sacerdotes comprometidos por su acción en centros clandestinos de detención. Zanchetta era uno de ellos.

A sabiendas de que los antecedentes podían jugarle una mala pasada, ya en 1981 sus superiores lo habían sacado de la órbita de la Armada y lo pasaron a Ejército. En 1984, en democracia, lo devolvieron a jurisdicción de la Marina. La Iglesia oculta esos pases y niega así la presencia de Zanchetta en la ESMA.

Su paso por la Armada que comandaba Emilio Eduardo Massera quedó reflejado en los legajos de la fuerza. Su palabra cuando la dictadura ya había perdido el poder sigue repiqueteando en la memoria de los marinos: “Como capellán te perdono, como militar te sanciono”, despedía a los pecadores en el confesionario. Ni siquiera esa muletilla había aplicado para los represores.

Como capitán de fragata en disponibilidad, es decir, sin destino pero cobrando como activo, Zanchetta seguía recorriendo los edificios de la Marina y actuando de confesor de uno de los almirantes del alto mando. Quizá por esas relaciones pudo mantenerse en las sombras hasta la semana pasada. Esa zancadilla trajo sus consecuencias: el almirante Benito Rótolo, el segundo de Godoy, fue designado como oficial sumariante para deslindar responsabilidades por la continuidad de Zanchetta y definir las sanciones a aplicar. El jefe de Personal de la Armada, el poderoso almirante Enrique Salvador Olmedo, responsable del Listado de Precedencia, donde figura la situación de revista de cada oficial, es uno de los que tendrá que dar explicaciones.

Feligreses

La iglesia de San Pedro González Telmo celebró su bicentenario en el 2006, es uno de los focos de atracción turística de San Telmo. Sin embargo, los feligreses no abundan. La presencia de Zanchetta es para algunos una de las razones de que se haya raleado el coro y de que cada vez menos fieles se acerquen para participar en las actividades de la parroquia.

El obispo Oscar Ojea tiene a su cargo la designación de los párrocos en cada parroquia de la diócesis metropolitana. Hasta él llegaron algunas de las quejas que empezaron a esparcirse desde San Telmo. Preguntas, más que quejas, que fueron desautorizadas porque Zanchetta es “un hombre del Señor”.

Un viaje de Salvia, un conspicuo profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA) y párroco de San Pedro Telmo, dejó a Zanchetta a cargo no sólo de la iglesia sino también de las fiestas patronales que empiezan el próximo fin de semana. Algunos de los feligreses prefieren no imaginar las recorridas por el vecindario con el cura que misionó en la ESMA. “Niegan a la feligresía lo que el Estado reconoce”, comenta resignado ante Página/12 un habitué de la parroquia que quiere renovar su fe a pesar de la jerarquía eclesiástica.

Por orden de Defensa, Zanchetta tuvo que clausurar su misión ante el auditorio cautivo de la Marina. Su formación en las filas de la Iglesia que puso el cuerpo para proteger el terrorismo de Estado lo obligó a alejarse. Para la curia, sin embargo, el antecedente no hace mella: en octubre del año pasado, Bergoglio, el cardenal primado de la Argentina ofició junto a Zanchetta la ceremonia de ordenación del obispo Enrique Eguía Seguí en la catedral metropolitana.

“La mentira y el engaño son las armas del demonio”, repite Zanchetta desde el púlpito. Armas que parece dominar.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-130461-2009-08-23.html

Imagen: Jorge Larrosa

"Masacre de Trlew" 37 años

Ocurrió el 22 de agosto de 1972 y fueron asesinados 16 militantes de organizaciones guerrilleras en la Base Aeronaval Almirante Zar de Chubut. Se recordará hoy con la causa judicial elevada a juicio oral y en marcha el proceso de extradición desde los Estados Unidos de uno de los responsables de los fusilamientos, informa el sábado Télam, la agencia nacional de noticias de la Argentina.

La causa, caratulada como "Sosa, Luis Emilia; Bravo, Roberto Guillermo y otros de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio agravado", fue elevada a juicio oral en mayo pasado por el juez federal Hugo Sastre.

Las actuaciones por los fusilamientos, justificados en aquel momento por el Ministro del Interior, Arturo Mor Roig, como un intento de fuga, están contenidas en 29 cuerpos de 200 fojas cada uno, embalados en 10 cajas con documental, fotos, prueba fílmica y libros donde se detalla cómo fueron acribillados 19 militantes, 16 de los cuales murieron en el acto y los restantes resultaron gravemente heridos, siendo luego asesinados por la dictadura militar.

Según relata la elevación a juicio, la Masacre de Trelew ocurrió en la madrugada del 22 de agosto de 1972, siendo aproximadamente entre las 2.30 y 3.30 cuando Sosa, en compañía del teniente Bravo, quien se espera sea extraditado, del capitán Emilio del Real y del capitán Herrera (hoy fallecido) se presentaron en el lugar de detención de la Base Aeronaval Almirante Zar.

"Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo", describe la elevación a juicio.

Las víctimas "estaban orientadas hacia el ingreso del mismo algunos y otros hacia las celdas de enfrente y disponiendo que miraran hacia el suelo tras lo cual junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos", indica el texto que Sastre dirigió a la cámara, al cual tuvo acceso Télam.

Como consecuencia de los disparos fallecieron Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polto, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.

La nota aclara que en los casos Antonio Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no murieron, ya que "fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado".

La elevación dice además que "este cuadro fáctico ha sido calificado jurídicamente como homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de 2 o mas personas (16 hechos) y homicidio doblemente agravado por alevosía en el grado de tentativa (3 hechos) todos en concurso real".

En el lugar del fusilamiento, la instrucción determinó la participación de 6 cuadros de la Armada: Luis Emilio Sosa, teniente Roberto Bravo, capitán Emilio del Real, capitán Herrera (fallecido), Carlos Amadeo Marandino y el cabo Marchand (fallecido).

De los mencionados solo cumple prisión efectiva en la Alcaidía Policial de Trelew el ex cabo Marandino, el único de los que participó en el fusilamiento que reconoció haber estado presente, dando detalles sobre lo ocurrido en la sangrienta madrugada.

Los restantes se aferraron a la versión oficial de un "intento de fuga" y tras permanecer unos días detenidos en comisarías y luego en la prisión de Marcos Paz, lograron el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y padecer problemas de salud.

Además de los mencionados se acusa a Rubén Norberto Paccagnini (jefe de la base), Horacio Alberto Mayorge y Jorge Enrique Bautista, este último por el delito de encubrimiento.

La última noticia en la causa por la Masacre fue el cumplimiento de todos los pasos para la extradición desde los Estados Unidos del ex teniente Roberto Guillermo Bravo.

Bravo es el único prófugo en la Masacre y se encuentra desde la década del 70 en los Estados Unidos de donde se negó a viajar a Argentina para comparecer ante el Juzgado Federal de Rawson que abrió la causa paralizada durante varias décadas.

El pedido de extradición de Bravo se comenzó a gestionar desde mediados del año pasado, una vez que se acreditó su participación activa en el acribillamiento de los militantes.

de: "Mercosur Noticias" link

"El último poema de Víctor Jara"

Somos cinco mil
en esta pequeña parte de la ciudad
somos cinco mil.

¿Cuántos seremos en total
en las ciudades y en todo el país?

Sólo aquí, diez mil manos que siembran
y hacen andar las fábricas
cuanta humanidad
con hambre, frío, pánico, dolor,
presión moral, terror y locura.

Seis de los nuestros se perdieron
en el espacio de las estrellas.

Un muerto, un golpeado como jamás creí
se podria golpear a un ser humano.

Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores
uno saltando al vacío,
otro golpeandose la cabeza contra el muro,
pero todos con la mirada fija de la muerte.

¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!

Llevan a cabo sus planes con precisión artera
sin importarles nada.

La sangre para ellos son medallas.

La matanza es acto de heroísmo.

¿Es éste el mundo que creaste, dios mío?

¿Para esto tus siete días de asombro y de trabajo?

En estas cuatro murallas sólo existen un número
que no progresa,
que lentamente querrá más la muerte.
Pero de pronto me golpea la conciencia
y veo esta marea sin latido,
pero con el pulso de las maquinas
y los militares mostrando su rostro de matrona
lleno de dulzura.

¿Y México, Cuba y el mundo?

¡Que griten esta ignominia!
Somos diez mil manos menos

que no producen.

¿Cuántos somos en toda la patria?
la sangre del compañero Presidente
golpea más fuerte que bombas y metrallas.

Asi golpeará nuestro puño nuevamente.

¡Canto qué mal me sales
cuando tengo que cantar espanto!
Espanto como el que vivo
como el que muero, espanto.

De verme entre tanto y tantos
momentos del infinito
en que el silencio y el grito
son las metas de este canto.

Lo que vi,
lo que he sentido y lo que siento
hará brotar el momento...

Victor Jara
Estadio de Chile
Septiembre de 1973

de siendo-todos-tik.blogspot.com

sábado, 22 de agosto de 2009

"Ley de Caducidad * Uruguay"

Publicado por editorial Revista Apolorama On martes, mayo 05, 2009

Les compartimos un artículo enviado desde Uruguay por Valentina Selios.

Editorial Revista Apolorama.

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Por Valentina Selios
Ley de Caducidad

A Latinoamérica aún le duele la masacre de sus pueblos, de sus culturas, de sus riquezas, de sus autonomías, de su progreso, pero la lucha conjunta, colmada de solidaridad, convicción y amor impidió que lograran destruirnos. Hoy sus herederos tenemos el orgullo y el honor de perpetuarla.

Al igual que nuestros pueblos hermanos del cono sur, Uruguay fue víctima de la Operación Cóndor (plan de inteligencia, imposición y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares del cono sur de América, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y la CIA)[1] La misma perseguía como fin, combatir y desarticular el simultáneo y heterogéneo ascenso de movilizaciones sociales y políticas opositoras al régimen imperante.

La crisis económica, el autoritarismo, las profundas e insostenibles diferencias sociales, entre otras cosas, forjaron en los 60 una comprometida ebullición de movilizaciones sociales. La represión y la muerte, por parte de las Fuerzas Conjuntas (organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía), no tardaron en llegar y precedieron la tragedia.

El 27 de junio de 1973 Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, daba el golpe de estado cívico-militar que finalizará el 28 de febrero de 1985.
Doce años de tortura insaciable, de prisión masiva, de desapariciones que aún no han dejado de ser desapariciones, de exilios con y sin retorno, de destitución. Doce años de búsqueda de oscurecimiento intelectual, social, académico y científico con la intervención en la Universidad. Años de miedo, silencio, de búsqueda de dividuos individuales, egoístas, indiferentes, marginados de su realidad.
Pero también, doce años de resistencia.

El 1986 durante el gobierno de Julio Maria Sanguinetti, el Parlamento aprobó la Ley 15848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En 1989 se ratifica la ley a través de referéndum, pero es importante aclarar que la aprobación se dio en un contexto de amenazas de desacato y presiones por parte de los militares. Su objetivo fue impedir que fueran juzgados los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cí­vico-militar.[2] A partir de lo dispuesto en esta ley el Poder Judicial, perdiendo su autonomía, queda subordinado a la decisión del Poder Ejecutivo que es quien debe determinar qué casos ampara la Ley.[3]


En su artículo 4, la Ley dictamina que el Poder Ejecutivo debe disponer la investigación ante las denuncias realizadas al Poder Judicial para esclarecer los hechos. El cumplimiento de este artículo fue omitido por los gobiernos de turno, hasta el 2005, año en que asume el actual gobierno del Frente Amplio. Éste dispuso la investigación y emprendió la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos.

El 29 de noviembre del 2005, Uruguay recuperaba por primera vez los restos de uno de sus detenidos desaparecidos desde la redemocratización.
El 30 de agosto del 2006, la justicia pudo actuar por primera vez en contra de la impunidad gracias a los avances de las investigaciones, pidiendo el procesamiento y prisión de 10 miembros de la OCOA (Organismo Coordinador de Operación Antisubversivas) por el delito de "asociación para delinquir" y "privación de libertad".[4]

Mucho se ha caminado en este último tiempo en pro de la justicia y la verdad, pero aún falta y el pueblo Uruguayo espera y lucha por ello. Nos duele el atropello, nos duele el deterioro social en cuanto a colectivo y compromiso con él, nos duele cada una de las injusticias que vivieron nuestros compatriotas, nos duele la impunidad de los tiranos, que hayan obstruido y postergado las utopías que nuestras luchas buscaba. Siguen buscando.
Es por esto, que a finales del 2006 surge del pueblo la lucha por la anulación de la Ley de Caducidad, se crea entonces la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad (CNNLC). Ésta nuclea los esfuerzos de trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y políticas. Su objetivo es la anulación de los artículos 1, 2, 3 y 4 por considerarlos antijurídicos, mediante reforma constitucional. Es así que el 4 de setiembre del 2007 se lanza la campaña de recolección de firmas.
Nuestra constitución[5] determina que por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos votantes puede llegarse a un plebiscito. Esto sería alrededor de 260.000 firmas. De lograrse dicha cifra de voluntades, el proyecto es sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata.
El pasado, por inexistencia de justicia, es aún presente. La juventud es hija de esta masacre de la utopia. Por esto el 21 de diciembre de 2008, en el marco de la organización del Toque por Justicia y Verdad, se conforma el grupo de Jóvenes de la Coordinadora. Creimos profundamente en la necesidad de pelear por esta causa en eso trabajamos. Recorriendo los principales balnearios, recorriendo el Uruguay, puerta a puerta por los barrios, en las ferias, asistiendo a eventos, instalando puestos de recolección, organizando actos de difusión.

Y el día llegó, hoy se entregarán cerca de 300.000 papeletas. Hoy 300.000 voluntades dicen no a la impunidad. Hoy será un día histórico en que los uruguayos llenos de emoción y orgullo reclamaremos lo que nos corresponde: justicia y verdad.

El 25 de octubre los uruguayos y las uruguayas tendrán la palabra para pedir la hora de la verdad.

El invierno duró mas de 30 años, pero la primavera está por comenzar…[6]
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[1] Es.Wikipedia.org/Wiki/Operación_Cóndor
[2] Artí­culo 1º [...] "ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles polí­ticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el perí­odo de facto."
[3] [...] “el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente ley. Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes.” [...]

[4] Estos son solo ejemplos de los avances, por más información ver: *Edición completa de la investigación "detenidos desaparecidos" www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/2007060509.htm. * *http://www.chasque.apc.org/vecinet/ddhhs.htm.
[5] Constitucion de la República Oriental del Uruguay, SECCIÓN XIX, CAPÍTULO III, Artículo 331.

[6] A quien le interese tener más información, la página de la coordinadora es: www.nulidadleycaducidad.democraciadirecta.org.uy

de: www.revistaapolorama.com

viernes, 21 de agosto de 2009

"Rebelión entre el mujerío"

Viernes, 14 de agosto de 2009

Desde hace diez días, un grupo de mujeres de las comunidades wichí y guaraní del monte salteño permanece en Buenos Aires intentando poner el grito en oído de ese dios que atiende en la Capital. Sin permiso de nadie y contradiciendo incluso las complicidades masculinas que en sus pueblos pactan con el agresor, vienen a denunciar el desmonte, la falta de cuidado de una tierra que se rebela cada año en peores inundaciones y un olvido constante que se traduce en hambre y falta de educación.

Por Roxana Sandá

De sí mismas dicen que son “las otras voces”, las que no se han escuchado todavía desde el corazón de los pueblos indígenas, las que sucesivos gobiernos y autoridades de turno desoyeron para invisibilizar sus vidas y sus cuerpos. Por ese motivo, veinte mujeres representantes de los pueblos wichís y guaraníes que habitan la localidad salteña de Embarcación decidieron la urgencia de defender la vida de sus pueblos en peligro, y hace diez días permanecen en Buenos Aires, a la espera de una respuesta institucional que vuelva audible la esperanza. El riesgo de muerte que pesa sobre los territorios devastados por empresas agrarias y madereras oculta razones más profundas que van devorando su cultura, su educación y la lucha diaria por vivir sin planes sociales de miseria.

El viernes último, los reclamos contra la tala, el desmonte y por los derechos a la salud y a viviendas dignas llegaron a algún puerto luego de dos noches de acampe frente a la Casa de Salta, en el centro porteño. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) acercó una solución que les permitirá saltear la instancia provincial y discutir sus problemas con Nación, un escenario donde esperan “recuperar nuestro protagonismo ante el desastre y demostrar que las mujeres indígenas también tenemos capacidades para defendernos y poder expresarnos”, sostiene Kajianteya Octorina Zamora, vocera del grupo y líder de Honat Le’Les, una de las nueve comunidades indígenas con asiento en Embarcación.

El miedo. Los aludes de barro que arrasaron con la población de Tartagal agitan fantasmas en carne propia. Temen que los últimos años de tala intensa en la serranía, las picadas dentro del monte y el paso de la madera a través del río Bermejo se lleven lo poco que les queda, y con eso la vida. “Estamos cansadas de mudarnos con nuestras familias en el verano, por las inundaciones, y ahora se suma el miedo de que por los desmontes y la explotación maderera en los márgenes del Bermejo la ciudad sea tapada por el barro”, lamenta Julia Gómez. Sin embargo, se le atisba el orgullo por sentir “que como mujeres y madres sabemos lo que es el sufrimiento. Porque corremos peligro es que no queremos que ocurran los desastres naturales cuando se pueden prevenir. La única manera es dejar de desmontar y talar. Pero el hombre blanco ha perdido el valor de amar la tierra: sólo busca acumular riqueza y bienes a costa de los sufrimientos de los demás”.

Hace tiempo que el ajo, el pimentón, el tomate y la cebolla dejaron de ser una consecuencia de las huertas familiares para alcanzar categorías macroeconómicas de productos de exportación, acompañados por la soja, la estrella depredadora de los últimos años, y el poroto. En las puertas del Bicentenario, las manos de las mujeres indígenas se impregnan de la tierra que remueven como empleadas domésticas y se tajean con tanzas y punzones de artesanías. “Aquí ya no se trabaja la tierra, se la succiona”, relata Octorina con la sospecha de “que quieren convertir un jardín en un desierto, y afectan la selva de yunga, el único pulmón ecológico que tenemos. Pero hay que terminar con el miedo y decir basta de joder a la gente. Vayan a joder a los grandes empresarios”.

Los hombres. Las décadas que lleva el desmonte en la zona coinciden con los años de trabajo fino que los punteros políticos locales tejen entre las comunidades y los cacicazgos. Que sean mujeres wichís y guaraníes las que viajaron hasta Buenos Aires para ser escuchadas por la Corte Suprema de Justicia y porque dios atiende en esta ciudad autónoma, revela el papel poco menos que incierto que juegan sus compañeros en defensa de las comunidades. “Vemos de qué manera los punteros corrompen a algunos dirigentes indígenas, los someten al vicio para que no tengan sus capacidades y entonces esos dirigentes privilegian otras cosas”, explica Julia en una ronda de mujerío delatora de los manejos políticos de legisladores, “que tienen de rehenes a los hombres de nuestras comunidades”. Si se les pregunta por los bolsones sociales, responden que son escasos. A los comentarios sobre comedores populares, contraponen que hay cientos de mujeres y niños desnutridos. Hay mucho hidrato de carbono, dicen, y escaso aporte de otros nutrientes. “Estamos peleando por crear comedores nutricionales junto con una distribución prolija de los subsidios”, pero manifiestan que el proceso de desgaste “no para. Los poderosos van a la parte más vulnerable de las comunidades, que son en este momento los hombres. Vivimos en una sociedad machista, y eso se adiestra y se contagia”. Octorina, sin embargo, cuenta que las cosas no siempre se proyectan según el cristal de Occidente, “con comportamientos que hacen de menos a la mujer. En nuestros pueblos no existe el machismo sino los roles. No hay tiempo para ser machista; cuando decidimos venir a la ciudad se lo comunicamos a nuestros maridos y les aclaramos que ya es hora de que se nos escuche”.

Los niños. De acuerdo con el último censo de 2004/05 en la región, las comunidades indígenas locales contabilizan unos 36.000 pobladores. Del total, niñas y niños están atrapados por la mala alimentación, por un emparche de plásticos –sobras de lo que se utiliza en las fincas y los invernaderos– al que algunos desvergonzados llaman con descaro viviendas precarias, por las enfermedades, la mala educación y la vida al borde de la Ruta 34, anegada cada año entre tanto barro que arrastra la lluvia desde los cerros. “Los más pequeños sufren discriminación porque a los adultos no nos convocan para elaborar programas de salud y educación pública”, señala Octorina. “Pero para lograr eso debemos practicar la autonomía, poder decir lo que sentimos y denunciar lo que sufrimos.”

Las mujeres. Ir al lugar justo, sin ayuda de organizaciones no gubernamentales ni punteros, fue la consigna inicial en los talleres de debate que agrupan a las mujeres de las comunidades wichís y guaraníes Honat Le’Les, Hotel Pelaj, Cherenta Re Reta, Cristo, San Juan, Santa Lucía y Misión Chaqueña. Se salió de los primeros encuentros rumiando la idea de “que nadie te diga lo que tenés que decir”. Este viaje coloreado en pancartas de rechazo al desmonte y convertido en un feliz embrollo de complicidades femeninas potenció las oportunidades buscadas. “Aquí somos libres, empezamos a valorizarnos”, insiste Julia. “Estamos contentas con el viaje por la posibilidad de convivir y hasta conocer los sentimientos íntimos como madres, hermanas y como mujeres.” Entonces las voces regalan historias “hechas de centurias de lucha, con la conciencia de que alguna vez participamos junto a Tupac Amaru. Si tenemos el ejemplo de tantas mujeres indígenas que han dado la cara por su pueblo, por qué nosotras no vamos a hacerlo”, se pregunta Octorina y empieza a hablar de una búsqueda del espacio propio, “porque nadie nos va a dar nada, y queremos ser protagonistas”. Repite a quien quiera oírla que ella y sus compañeras no equivocaron el camino y que los hombres no tienen por qué enojarse de los pasos dados, pero reconoce que “algunos dirigentes todavía no se enteraron. Decidimos trabajar así para evitar las malas interpretaciones”.

Las refugiadas. El petitorio que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia días atrás se autodefinió como un grito de denuncia. Ante el incumplimiento de la prohibición de tala del monte nativo, la ausencia de una comisión de relevamiento territorial formada por delegados propios, la falta de programas sanitarios inclusivos “y para que en las escuelas a las que asisten nuestros hijos se integren contenidos propuestos por las comunidades indígenas”. En el documento también se exige que “finalice el cobro fraudulento de comisiones para el otorgamiento de becas, pensiones y subsidios a los integrantes de nuestras comunidades. Y que se facilite el otorgamiento de pensiones por discapacidad, ancianidad, amas de casa y madres de siete hijos”. Son, precisan, refugiadas de sus territorios ancestrales, porque a un mismo tiempo el despojo las llevó al hacinamiento de “tres o cuatro familias juntas viviendo en tierras insalubres. No hay respuestas, lo sabemos, pero no vamos a callarnos más si los políticos se siguen llenando la boca con la Ley Nacional de Pueblos Indígenas y los convenios internacionales y ninguno los hace cumplir”. En los últimos días hubo algunos intentos de erosionarles el espíritu. No hubo suerte. “Nos dijeron que cuantitativamente no significamos siquiera para ser un número más, pero sabemos que no es así”, rechaza Octorina. “Porque estamos juntas con las mujeres y los jóvenes. Y aunque nos ninguneen y nos ignoren, seguimos uniendo las manos.”

jueves, 20 de agosto de 2009

"CARTA DE EDUARDO LUIS DUHALDE A GRACIELA FERNÁNDEZ MEIJIDE"

Le escribo esta carta pública a la madre de un detenido-desaparecido y a la integrante por muchos años del Movimiento de Derechos Humanos. Lo hago no como Secretario de Derechos Humanos de la Nación, sino como compañero de las luchas antidictatoriales. Por esta razón rompo mi norma de conducta de no polemizar en torno a un tema tan grave e inconmensurable como son las consecuencias del genocidio sufrido.

La opinión pública está acostumbrada a esfuerzos por disminuir la dimensión de la tragedia argentina, normalmente en boca de epígonos del terrorismo de Estado como Mariano Grondona o Cecilia Pando. De igual modo escuchamos cada tanto voces negacionistas del Holocausto que sostienen que no fueron seis millones los judíos inmolados por el nazismo, sino un número inferior como si la aberración criminal fuera una cuestión aritmética.

Distinto es su caso porque por historia usted no integra los cuadros de la barbarie.

Bastaría ver el regocijo que sus declaraciones han producido en quienes justifican el obrar del terrorismo de Estado para advertir las consecuencias enormemente graves de sus dichos que parten de un error esencial: el creer que existe algún registro fehaciente de la dimensión del crimen masivo de lesa humanidad perpetrado por las Fuerzas Armadas argentinas y sus socios civiles.

El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final solo está en poder de los asesinos. De aquellos que mientras pregonan que su accionar fue "justo y en defensa de la patria" ocultan todo dato, sabiendo que su proceder fue abiertamente criminal.

Bien sabe usted que no hay un censo nacional completo sobre el número de víctimas y que éste es irremisiblemente aproximativo.

http://www.infobae.com/adjuntos/imagenes/80/0288018B.jpg

Usted como integrante de la CONADEP conoce el enorme esfuerzo que durante el lapso de los sólo ocho meses de vida de la Comisión se realizó para receptar testimonios de familiares de víctimas que accedieron a convertir en denuncia su dolor. Era el comienzo de la recuperación de la democracia, con los asesinos caminando por las calles y en libertad.

Concluido el trabajo de la CONADEP y finalmente depositado el fondo documental en la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos, algunos familiares continuaron haciendo sus denuncias aunque ya no estaba la motivación de expresarse ante la Comisión. La euforia que precedió al juicio de los ex Comandantes dio paso a la decepción más absoluta con el dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los posteriores indultos que aseguraron la impunidad de los criminales por más de 20 años.

¿Tenía acaso sentido que los familiares de los detenidos -desaparecidos que no habían hecho su denuncia ante la CONADEP concurrieran a seguir haciéndolo ante un Estado que protegía a los criminales? Cuando 20 años después las leyes de la impunidad fueron derogadas y declaradas inconstitucionales, ya era tarde. Muchos de los padres de las víctimas habían fallecido o la resignación ante lo inevitable había mermado sus fuerzas para hacer su denuncia.

A ello se suma que en alguna zona del país, aún en democracia, parte de los peores represores continuaron teniendo poder: como Bussi institucionalmente en Tucumán o Benjamín Menéndez fácticamente en Córdoba, prolongando la cadena de temor. En otras provincias como Chaco, Misiones o Salta donde poblaciones campesinas fueron víctimas del terrorismo de Estado, su condición de marginados sociales no favoreció su acceso a la Justicia.

Recién a partir del año 2004 con el fin de la impunidad, al amparo de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, se incrementó el cotidiano goteo de nuevas denuncias que sigue hasta el presente.

En consecuencia tomar los registros parciales de la CONADEP y los posteriores a la Secretaría de Derechos Humanos como registros totales, es tan falaz y mentiroso como reducir el número de desaparecidos a la cantidad de restos óseos localizados, que apenas superan el número de 1000.

Lo dicho vale para explicar la parcialidad de la identificació n lograda hasta el presente a través de las denuncias de los familiares. Tampoco ha servido la cuantificació n de los familiares presentados, reclamando el beneficio de las leyes reparatorias, puesto que no todos los desaparecidos dejaron herederos forzosos y que parte de aquellos familiares rechazaron reclamar la indemnización hasta que no se supieran quienes fueron los autores del crímen y fueran condenados y los restos de su familiar fuera hallado.

Lo dicho explica por qué las cifras que usted utiliza son parciales y que por otra parte jamás fueron ocultados, puesto que usted las halló en la información on line del Estado argentino y obran también en la última edición del Nunca Más.

Concluido este aspecto cabe adentrarse en el número de 30.000 detenidos-desaparec idos convertido en consigna permanente no sólo del Movimiento de Derechos Humanos sino de vastos sectores sociales. La cifra no es arbitraria y es el producto de diversas variables:

a) La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo el país, que superan el número de 500.

b) Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminios como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, etc., ya que ellos solos superan con creces el número actual registrado en la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos.

c) La estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país.

d) El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el periodo dictatorial que superan los 150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas.

e) Los propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que sus relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, que indicaban en más de 30.000 las personas a eliminar (ver por ejemplo los dichos de un militar en la carta del escritor Haroldo Conti desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita previa al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar de fecha 02 de enero de 1976).

f) Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000. Debe recordarse que la dictadura continuó en su labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe y que aquella cifra de 22.000 correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura.

Todo ello hace que la cifra de 30.000 no sea ni arbitraria ni caprichosa. Aunque es lamentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a un problema contable.

El carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado aritmético, al menos para los que creemos que cuando se asesina un hombre se está asesinando a la humanidad.

No puedo dejar de referirme a sus expresiones de que contrariar la teoría de los dos demonios es un problema de "chiquitaje" . Aquella perversa teoría no iguala como pareciera la responsabilidad de la violencia popular al terrorismo estatal, sino que en la medida en que sostiene que la violencia popular fue anterior a los crímenes de Estado, en definitiva se convierte en la teoría de un solo demonio, el de los sectores populares. Así se tergiversa, se miente y se oculta la verdad histórica de que a partir del Bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 con sus 300 muertos, con los sucesivos asaltos al Estado y la proscripción política, con los fusilamientos de junio de 1956 y la Masacre de José León Suarez, con las cárceles llenas de presos políticos, con la aplicación del Plan CONINTES, con los asesinatos de militantes populares desde Felipe Vallese en adelante hasta llegar a la Masacre de Trelew, se generó una masiva, sistemática y criminal represión al pueblo argentino que se prolongó hasta la propia génesis del asalto al poder el 24 de marzo de 1976.

Por último, dice usted que los juicios a los militares no van a ninguna parte. Ello es un verdadero despropósito: la condena de las Juntas, de Camps, Menéndez, Bussi, Etchecolatz y tantos otros, no solo sirven para recuperar a la Justicia como una actividad fundante del Estado: ha servido para que la condena social al terrorismo de Estado sea irreversible y de encarnadura al "Nunca Más". Felizmente todos los días se avanza en los centenares de causas judiciales en trámite, con aporte de nuevas pruebas.

Es triste comprobar que usted pretenda ignorar todas estas circunstancias, aunque seguramente sus afirmaciones le asegurarán un buen éxito editorial para el libro que ha escrito.

EDUARDO LUIS DUHALDE

de Secretaría de D.D.H.H. de CETERA

martes, 18 de agosto de 2009

"El Muro de Berlín" 20 años de su destrucción

  • JORDI GARCÍA-SOLER

Fue el 9 de noviembre de 1989. Todavía no hace veinte años pero ahora parece imposible. Durante más de un cuarto de siglo la ciudad de Berlín quedó vergonzosamente dividida por un muro que separaba la extensa zona de control militar soviético, entonces capital de la dictadura comunista autoproclamada República Democrática de Alemania, con el resto de la ciudad, sometida al control militar teórico de las otras tres grandes potencias aliadas, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, formando parte de la verdaderamente democrática República Federal de Alemania.

Fue el 9 de noviembre de 1989. Todavía no hace veinte años pero ahora parece imposible. Durante más de un cuarto de siglo la ciudad de Berlín quedó vergonzosamente dividida por un muro que separaba la extensa zona de control militar soviético, entonces capital de la dictadura comunista autoproclamada República Democrática de Alemania, con el resto de la ciudad, sometida al control militar teórico de las otras tres grandes potencias aliadas, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, formando parte de la verdaderamente democrática República Federal de Alemania.

Fue el 13 de agosto de 1961 cuando las autoridades de la Alemania Oriental, ante el cada vez más importante número de sus ciudadanos que huían hacia la Alemania Occidental precisamente a través de Berlín, iniciaron la construcción de un muro que intentaron justificar bajo la denominación de “protección antifascista”. Un total de 45 kilómetros de un grosero muro de hormigón reforzado con alambradas eléctricas, que fue ampliado mediante una extensa zona limítrofe con torres de vigilancia, dividió a la histórica capital alemana, del mismo modo que otros 115 kilómetros más de muro pasaron a separar desde entonces los dos países en que Alemania había quedado dividida desde el final de la segunda guerra mundial.

El muro de Berlín fue mucho más que “el muro de la vergüenza”, como fue definido en su momento. Su imagen es hoy ya, por suerte, un simple recuerdo, ante el que numerosos turistas curiosos llegados de todo el mundo se fotografían, compran sus “souvenirs”, contemplan los grafitos realizados por artistas alemanes o extranjeros, o toman imágenes del ya mítico “check-point Charlie”. No obstante, conviene recordar que durante más de veintiocho años –desde aquel infausto 13 de agosto de 1961 en que comenzó su construcción y hasta el feliz 9 de noviembre de 1989, cuando se inició su derribo, ya en el inicio del derrumbe del imperio soviético- la existencia de aquel muro no sólo dividió a la capital alemana y separó a familiares, amigos y vecinos sino que causó la muerte de 270 entre los centenares de ciudadanos de la Alemania comunista que intentaron huir hacia el mundo libre.

El Berlín actual, cuya imagen más emblemática sea probablemente el Reichstag brillantemente restaurado por Norman Foster, se alza como un referente de un mundo en el que no debería haber lugar para ningún otro “muro de la vergüenza”. Pero todavía no es así, como desgraciadamente demuestra la existencia del oprobioso muro alzado por Israel en la Franja de Gaza. ¿Tendrá que pasar también más de un cuarto de siglo para que lo veamos finalmente derribado? ¿Cuántas víctimas causará su existencia?

Jordi García-Soler es periodista y analista político

"Ningún pibe nace chorro"

EL TRATO PEYORATIVO QUE RECIBEN LOS ADOLESCENTES EN LOS MEDIOS, SEGUN EL ESTUDIO “EL ENCIERRO MEDIATICO”

Un informe para que la prensa informe mejor

El estudio anual del Capítulo Infancia de Periodismo Social revela que el 65 por ciento de las notas en las que se escribe sobre adolescentes sospechosos de haber cometido un delito, se los menciona con términos peyorativos. Desde “menor” hasta “piraña”, nunca niño.

Por Carlos Rodríguez

Cuando los periodistas escriben sobre adolescentes sospechosos de haber participado en algún hecho delictivo, el 65 por ciento de las notas contiene términos peyorativos o discriminatorios, según un estudio realizado, a lo largo de 2008, por el Capítulo Infancia de Periodismo Social, mediante la lectura de 120 mil noticias publicadas “en los 22 diarios más representativos del país”. El término “menor”, empleado a secas, casi como un estigma, sigue siendo “el término peyorativo más común”, aunque también se los presenta como “rateros”, “pibes chorros”, “hampones” o incluso como “pirañas”, si los acusan de cometer hechos sin mayor importancia atacando entre varios a una sola persona. En muchos casos se los condena de antemano, aunque una de cada cuatro de las noticias analizadas –el 25 por ciento del total– fue publicada sin citar fuente alguna. O, en el mejor de los casos, mencionando a “una alta fuente policial”. El informe, al que tuvo acceso Página/12, será presentado hoy, a las 9.30, en el Centro Cultural Rojas, con la presencia, entre otros, de Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema.

En el informe, denominado “El encierro mediático”, se afirma que en la mayoría de los casos las noticias sobre chicos en problemas con la ley “se elaboraron con datos que no fueron contrapuestos con ninguna otra voz o que no dieron cuenta del origen de la información, con estadísticas que no surgen de ninguna investigación hecha en profundidad, con percepciones que se transformaron en titulares, que adquirieron el status de exactitud y que los diarios publicaron sin cuestionarlas ni contrastarlas”.

A partir de esas noticias se elabora un mensaje que afirma que “cada vez más chicos menores de edad cometen delitos”. Para justificar esos dichos, la mayoría apela a “números ‘reservados’, ‘extraoficiales’, testimonios de ‘altas fuentes policiales’ o ‘fuentes judiciales que pidieron reserva’, testimonios y sensaciones de vecinos y expertos”. Los diarios informaron varias veces, en 2008, que “los hechos cometidos por chicos crecieron significativamente”, algo que “no figura en ninguna estadística seria y rigurosa”, y que es “rebatida con números oficiales”.

La oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación, tomando como base datos de las fiscalías de menores de la ciudad de Buenos Aires, precisó que mientras que en 2007 hubo “3716 chicos acusados y condenados por delitos contra la propiedad, en 2008 ese número fue de 2715”. En ese marco, siempre con la Procuración como fuente, los delitos contra la integridad sexual protagonizados por chicos cayeron de 67 en 2007 a 55 en 2008, mientras que bajaron también, de 25 causas a nueve, las relacionadas con casos de homicidios simples.

Las noticias que vinculan a chicos y chicas con el delito ocuparon el 2,1 por ciento del total de las notas sobre infancia en los diarios monitoreados, cuatro veces más que la cifra (0,4 por ciento) alcanzada en 2007. Por primera vez desde 2004, cuando el Capítulo Infancia de Periodismo Social hizo su encuesta inaugural sobre “Niñez y adolescencia en la prensa argentina”, el tema de la Educación superó, con un 23,5 por ciento, a las notas sobre Violencia, en segundo lugar con un 22,2 por ciento.

En 2008, la agenda mediática estuvo dominada, gran parte del año, por el asesinato del ingeniero de San Isidro, Ricardo Barrenechea, por el que se imputa a un adolescente, y por el debate acerca de la baja en la edad de imputabilidad. En ese marco, sostiene el informe, las tapas y páginas de los diarios dedicadas a hechos que involucran a chicos y chicas se completan con las mismas preguntas: “¿Qué hacer? ¿Qué penas aplicar? Casi siempre con las mismas respuestas: más castigo, más encierros”.

El debate hace foco “en el aspecto penal del problema y no en sus causas sociales”. Ese debate aporta “poco y nada” a buscar soluciones sobre la “real situación de esos chicos”, a tener en cuenta “los derechos y garantías que tienen los chicos para ser juzgados, en los aspectos preventivos del problema, ni en el destino de ellos”.

Entre los ejemplos de términos peyorativos o discriminatorios se mencionan tres ejemplos contundentes:

1 “Cordobecitos rateros atemorizan a víctima”. Así se habla, desde el título aparecido el 5 de marzo de 2008 en un diario de tirada nacional, sobre el caso de unos chicos imputados de robar en una casa en ausencia de sus ocupantes;

2 “Menores patoteros golpearon salvajemente a dos hermanos”. Título de un diario norteño, el 13 de abril de 2008, sobre chicos de entre 14 y 16 años que se pelearon con otros de su misma edad “aparentemente bajo los efectos de estupefacientes”;

3 “Ataque ‘piraña’ contra un gendarme: 8 jóvenes le dan una feroz paliza para robarle”. En este caso, publicado el 4 de abril de 2008 en un diario de tirada nacional, se dice que el calificativo de “pirañas” surge de la “jerga policial” y, aunque todo hace suponer que es un caso aislado, igual el medio se pregunta si se trata de “una nueva modalidad delictiva en el conurbano” bonaerense.

Sobre este punto, el informe dirigido a periodistas y editores de los medios afirma que “es importante para hablar de los adolescentes en conflicto con la ley evitar el uso de términos como ‘menores delincuentes’, ‘joven delincuente’, ‘precoces delincuentes’, ‘menor infractor’. Estos términos están revestidos de un sentido peyorativo que define a los adolescentes a partir de su comportamiento, y refuerzan prejuicios, estigmas y desigualdades sociales”.

Las expresiones más apropiadas, serían, por ejemplo, que son “adolescentes en conflicto con la ley penal”, “adolescentes que cometen delitos” o “adolescentes infractores”, ya que definen la situación en la que se encuentran en lugar de ‘demonizarlos’ o ‘marginarlos’ por su conducta”. También se cuestionan títulos como “Radiografía de los pibes chorros” o infografías en las cuales se muestra a chicos con cierta vestimenta que incluye gorras con visera y posturas que los incriminan sólo por su aspecto.

“Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información.” Rodolfo Walsh, ANCLA (Agencia de Noticias Clandestina), 1976.
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NONSANTO

SI A LA DIVERSIDAD FAMILIAR !!!

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quiero

Hasta cuándo...???


Kris...sis...

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La culpa será del chancho...???

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"Si el hambre es ley, la rebelión es justicia"

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Tomado de: "valquiria-enbsquedadedignidad.blogspot.com"

*BASTA de FUMIGARNOS !!! *EL GLIFOSATO NOS MATA !!!


NO !!! PEDOFILIA !!!

denunciémosla !!!

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DENUNCIÉMOSLA !!!

faSSismo NO !!!

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HASTA ENCONTRARLOS !!!






"Mujeres de Juárez"

Stop Sida=Aids !!!

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Ante el SIDA somos todos iguales, NO DISCRIMINES!!!

LALCEC link

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Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer

"12 de agosto, Día Internacional de la Juventud"

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"LA SENTENCIA" click↑

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Acá hay buenos videos y buena música








A.N.I.M.A.L. (Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar)

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gato argentino

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